Nuestra opinión
29-6-2011
La orden de captura dictada por la Corte Penal Internacional contra el dictador libio Moamar Gadafi -42 años en el poder- tiene consecuencias que van más allá del caso concreto de la rebelión popular libia y su sangrienta represión. Porque afianza institucionalmente un tribunal para entender en casos de genocidio y crímenes de lesa humanidad que hoy es todavía objeto de polémica. Y sin duda, es mucho mejor que la pretensión -al estilo Baltasar Garzón- de que cada país se sienta con jurisdicción para juzgar a extranjeros por hechos ocurridos fuera de su territorio.
La Corte Penal Internacional libró una orden de arresto contra el presidente libio Moamar Gadafi, su hijo Saif al-Islam y el jefe de sus servicios secretos, llamado Abdulá al-Senussi. Se trata de una noticia que merece más de un comentario, no solo por su importancia para el conflicto que se está desarrollando en ese país, sino como un paso más en el afianzamiento de un tribunal que ha despertado polémicas -e incluso represalias- desde su creación misma en el Tratado de Roma de 1998.
En cuanto a la decisión judicial, el único fiscal de la Corte, el argentino Luis Moreno Ocampo, considera que existen pruebas firmes de que Gadafi, su hijo y delfín y el funcionario de Inteligencia requeridos dieron las órdenes que condujeron a una masacre de civiles en las primeras semanas del levantamiento popular contra su gobierno, que fue un capítulo más de la serie de protestas cívicas que logró derrocar las dictaduras en Túnez y en Egipto y que sigue promoviendo situaciones de enfrentamiento en Siria.
A diferencia de lo ocurrido en los dos países vecinos, en que el levantamiento fue exitoso, Gadafi se aferró al poder y lanzó a sus poderosas Fuerzas Armadas contra la población civil, que aspiraba a conducir una protesta pacífica y multitudinaria, a imagen y semejanza de las que se dieron previamente en la región. El totalitarismo instaurado por Gadafi hace más de 42 años puedo en principio ocultar la sangrienta represión. Pero no por mucho tiempo, ya que a pocos días del comienzo de los enfrentamientos empezaron a llover sobre el dictador demandas internacionales de que pusiera fin de inmediato al baño de sangre.
A fines de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU, en interés de defender a la población civil libia, autorizó acciones militares internacionales para crear una zona de exclusión aérea e imponer un alto el fuego. Esa resolución se tradujo en la intervención de las Fuerzas Armadas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), con amplia participación de los países europeos.
Las operaciones se limitaron desde el principio al empleo de aviones de combate, que fueron perfectamente exitosos en cuanto al establecimiento de la zona de exclusión -dejando en tierra a los aviones de Gadafi-, pero ya no tanto en las operaciones de artillería aérea contra blancos militares.
La Otan no contempla la posibilidad de usar tropas terrestres, lo que deja en manos de rebeldes mal armados y sin preparación bélica la parte más encarnizada del combate contra las fuerzas del régimen, que sólo han contado con apoyo aéreo de las armas internacionales. Hubo caso de rebeldes diezmados por fuego amigo y también inevitables consecuencias -se las llama “daños colaterales”- contra la población civil. No obstante, los embates rebeldes y los bombardeos han debilitado al régimen y hoy se espera, pese a la tozuda actitud del dictador, establecer una transición sin Gadafi, cuya credibilidad más bien que se aproxima a cero.
En esa situación, el requerimiento de la Corte Penal Internacional, que tiene también sede en La Haya pero es una institución completamente independiente y distinta de la Corte Internacional de Justicia que dirimió el diferendo con Argentina, agrega un elemento de importancia. E incluso puede especularse que dificulta el establecimiento de una salida negociada: Gadafi quedó acorralado y solo muy limitadamente puede pensar en que se le den garantías de un tranquilo exilio (con sus muchos millones de dólares) en el exterior. Y, por lo menos en el mundo animal, nadie sabe qué es capaz de hacer una bestia acorralada.
El Tratado de Roma ha sido ya suscrito por más de 110 países de los 193 que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pese a la militante oposición de los Estados Unidos. Este país no solo ha adoptado disposiciones internas que prohíben que un ciudadano norteamericano acepte la jurisdicción de la Corte o sea sometido a ella sino que corta automáticamente la ayuda militar a cualquier Estado que suscriba el tratado. Es, por ejemplo, el caso de Uruguay.
En esta ocasión el pedido de captura va en el mismo sentido del interés político de EE.UU., que forma parte de la Otan, por lo que no puede esperarse una oposición de la Casa Blanca. Y el acontecimiento, con repercusiones mundiales, tiene relevante importancia en la afirmación institucional del Tribunal Penal Internacional, que ya requirió la captura de por lo menos un dictador africano sin mayor relieve en las primeras planas.
La afirmación institucional de un tribunal internacional para juzgar casos de delitos de lesa humanidad, de acuerdo a los principios clásicos del Derecho Penal -el primero de los cuales es la acción directa contra los individuos que cometieron el delito- tiene una importancia relevante. Porque una jurisdicción internacional generalmente aceptada por los países es bien distinta que esa suerte de supranacionalidad de los tribunales penales de los países, al estilo del hoy depreciado juez Baltasar Garzón.
El concepto de que cualquiera puede juzgar a cualquiera por delitos cometidos fuera de su territorio podía conducir a todo tipo de conflictos. Una jurisdicción aceptada internacionalmente es otra cosa, bien favorable para prevenir y castigar terribles delitos -el genocidio en Ruanda, la limpieza étnica en lo que era Yugoslavia- que quedaban impunes. Moamar Gadafi, llamado el “Perro Loco” por sus opositores y “Hermano Líder” por los seguidores de su régimen, va a pagar, de un modo u otro, la sangre derramada de sus compatriotas.
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